El recurrente acusó un fraude por parte del vendedor del automóvil, que luego de recibir el dinero denunció el robo del vehículo en la PDI. La magistratura rechazó la acción cautelar porque el actor no tiene un derecho indubitado respecto del móvil, y debe acudir a la justicia ordinaria para perseguir la presunta estafa y así poder inscribir el bien como propio.