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Norma que impide recurrir de casación en contra de sentencia de la Corte de Apelaciones que se pronuncie sobre la ilegalidad de una resolución de los Gobiernos Regionales, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que al no gozar el GORE de la independencia necesaria, no es posible que la Corte opere como única instancia, menos si se compara con el reclamo de ilegalidad municipal que no limita la interposición del recurso de casación.

11 de septiembre de 2024