En el análisis realizado por la sala conformada, se pudo establecer que el área de influencia del medio marino fue correctamente determinada ya que incorporó todas las partes, obras y acciones del proyecto y además, identificó adecuadamente los elementos del medioambiente que podrían ser potencialmente receptores de los impactos.

El objetivo fue recopilar mayores antecedentes luego de los hallazgos constatados por la Dirección General de Aguas, DGA, en el marco de la fiscalización que realizó el organismo para verificar si la extracción de agua que estaba efectuando la empresa se ajusta o no a lo decretado por el tribunal y porque la empresa aseguró que “ha actuado conforme a lo exigido”.

La iniciativa, cuyo objetivo es mejorar el sistema de gestión y tratamiento de aguas del acuífero La Coipa, tiene una vida útil estimada de 62 años y fue rechazada porque a juicio del SEA, la empresa no habría presentado algunos antecedentes durante el proceso de evaluación ambiental.

Si bien es cierto que la sentencia dictada del Tribunal Ambiental resuelve la reclamación, no es menos cierto que dicho pronunciamiento no falla el fondo del asunto controvertido, cual es la existencia o no de una infracción a la normativa ambiental.

La acción dañosa de las demandadas, prolongada durante décadas, ha terminado dañando componentes ambientales tanto abióticos como bióticos, y ha destruido y condenando a la desaparición a ecosistemas singulares del Salar de Atacama.

El arbitrio acusa la contaminación de las aguas en una localidad de la comuna de Illapel, producto de las faenas de tratamiento y el trazado de los ductos de traslado del concentrado de cobre.

El acto reclamado se ajustó a derecho. El Comité de Ministros cuenta con amplias facultades discrecionales para retrotraer el procedimiento a etapas en que se permita al titular subsanar vicios e implementar mejoras con el fin de dotar de eficiencia y eficacia al proceso.

El programa no contiene los mecanismos que permitirían al titular volver al cumplimiento de la normativa ambiental transgredida, relativa a la protección de la calidad del aire y la salud de la población.

No se advierte un perjuicio de las reclamantes con la aprobación del programa, toda vez que éstas podrán instar por la imposición de la sanción respectiva, y eventualmente podrá concurrir la acción de daño ambiental.

Empresa deberá ingresar nuevamente el proyecto a evaluación ambiental.