El proyecto, emplazado en la Región de Atacama, busca extraer relaves depositados en la Playa Grande de Chañaral con la finalidad de obtener cátodos y concentrados de cobre.

La zona de emplazamiento del proyecto ha sido históricamente un lugar afectado por la contaminación producida por la industria minera.

Por la alteración significativa que el proyecto podría provocar en el sistema de vida y costumbres de los miembros de la comunidad indígena.

La sentencia pone énfasis en que, salvo actividades de subsistencia, toda actividad productiva genera impacto en el medioambiente por lo que la normativa nacional e internacional ha diseñado procesos de evaluación que permite determinar las externalidades negativas para que, en base a las mismas, el titular del proyecto adopte medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas.

El Tribunal señaló que existe un nivel de incertidumbre y riesgo en la evaluación ambiental, con evidentes anomalías en la definición del área de influencia del proyecto, la emisión de contaminantes y modelación de la calidad del aire, lo que atenta con la salud de la población.

Los programas de cumplimiento o “PdC” consisten en un plan de acciones y metas que presenta un titular infractor ante la SMA con el objetivo de cumplir nuevamente con la normativa ambiental

Las parte demandante, demandada y terceros coadyuvantes, que en este caso son el CDE, la compañía minera, además, de la Comunidad de Peine y Consejo de Pueblos Atacameños, manifestaron su intención de avanzar en el proceso.

El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, mediante un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, y fue calificado favorablemente por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama por medio de la Resolución Exenta Nº65 de fecha 13 de junio de 2019.

La reclamación alega como daño ambiental, causado por la Compañía Minera, la pérdida del componente hídrico, esto es, la disminución de la cantidad física de agua que está presente en el acuífero del río Copiapó

El Departamento de Operaciones Subacuáticas y la Brigada de Delitos Económicos y Medio Ambientales, Bidema, de la Policía de Investigaciones realizaron, el martes 22 de diciembre , la diligencia solicitada por el Primer Tribunal Ambiental en el marco de la demanda por un posible daño ambiental producido en la Playa El Lápiz de La Serena, […]