Un funcionario del gobierno puede compartir sus opiniones y criticar creencias específicas, incluso de manera enérgica, para persuadir a otros. Sin embargo, la utilización del poder estatal para castigar o reprimir expresiones desfavorables está prohibida.

Los demandantes aducen que la HR815 viola múltiples disposiciones constitucionales al imponer restricciones que, según sostienen, no están estrictamente vinculadas a la seguridad nacional. Se conculca la libertad de expresión, el debido proceso y la ley constituye una expropiación inconstitucional al imponer la venta forzada de una propiedad privada sin una compensación adecuada.

Según el proyecto de ley, las aplicaciones de este tipo, definidas como aquellas controladas por adversarios extranjeros y que representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, serán prohibidas a menos que el propietario de dichas aplicaciones cese su control sobre ellas en un plazo de 270 días.

La decisión de la Corte Suprema de no intervenir en el caso indica que la interpretación realizada por el Quinto Circuito se mantiene vigente. Esto significa que la demanda contra Mckesson puede continuar, lo que tiene implicaciones significativas para los organizadores de protestas y otras formas de expresión pública.

Si bien la ley sigue vigente en toda Florida, la orden judicial preliminar se extenderá hasta que se dicte una sentencia de fondo a finales de este año. La orden se produce después de un acuerdo en un caso de derechos civiles sobre leyes similares.

La demanda, presentada en 2018 en nombre de miles de neoyorquinos afectados por la política, alegaba violaciones de derechos religiosos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y el Artículo I, Sección 3 de la Constitución del Estado de Nueva York.

La ley impone sanciones significativas a las empresas de redes sociales que no cumplan con sus disposiciones. Ello incluye la obligación de eliminar las cuentas existentes de menores de 14 años residentes en Florida, con la amenaza de demandas por daños y perjuicios de hasta 10.000 dólares por cuenta no eliminada, así como posibles multas de hasta 50.000 dólares por infracción.

Es cierto que las advertencias imponen una carga a los demandantes. Pero eso por sí solo no ofende la Constitución. Más bien, debemos preguntarnos si esa carga es indebida. En otras palabras, la regulación no puede imponer una carga excesiva o desproporcionada con respecto a los beneficios obtenidos.

La actividad de un funcionario público en las redes sociales constituye una acción estatal según la ley § 1983 solo si el funcionario (1) posee autoridad real para hablar en nombre del Estado y (2) pretende ejercer esa autoridad cuando se comunica en redes sociales. La apariencia y función de la actividad de estas redes son relevantes en el segundo paso, pero no pueden compensar la falta de autoridad estatal en el primero.

Los jueces deben decidir si las plataformas de redes sociales deben ser tratadas como operadores comunes, sujetos a regulaciones limitadas sobre la discriminación de contenido, o si tienen más similitudes con los periódicos, que gozan de una amplia libertad editorial.