La ordenanza no infringe la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, ya que el discurso requerido es factual y no controvertido, y está dirigido a promover un interés legítimo del gobierno en la prevención del suicidio y la salud pública.

Las leyes sometidas a escrutinio prohíben a las empresas de redes sociales censurar a los usuarios que expresan sus opiniones políticas, incluso si los estos violan las políticas de la plataforma en el ejercicio de sus derechos, lo que esencialmente limita la capacidad de las compañías para filtrar publicaciones que puedan ser consideradas ofensivas.

Respetar el compromiso de la Constitución con la libertad de expresión significa que todos nos encontraremos con ideas que consideramos «poco atractivas», “equivocadas”, o incluso “hirientes”. Pero la tolerancia, no la coerción, es la respuesta de nuestra Nación. La Primera Enmienda contempla a los Estados Unidos como un lugar rico y complejo donde todas las personas son libres de pensar y hablar como deseen, no como exige el gobierno.

La medida fue adoptada en virtud de una reforma impulsada por parlamentarios demócratas. Ha encontrado oposición en ciertos grupos que acusan a las autoridades estatales de vulnerar su libertad religiosa y sus derechos como padres, en contravención a la Primera y Decimocuarta Enmienda.

La Ley Lanham considera las marcas como identificadores de origen, como elementos que funcionan para «indicar el origen» de los productos y, por lo tanto, para «distinguirlos» de los «fabricados o vendidos por otros». El pecado capital bajo esta ley es socavar esa función. Es confundir a los consumidores acerca de la fuente, para hacer que piensen que los productos son de otro.

El acto de grabar videos tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda porque es una etapa importante del proceso de expresión que termina con la difusión de información sobre una controversia pública.

Es necesario determinar si el recurrente actuó como ciudadano o como empleado público cuando envió el video. Si actuó como particular, su discurso puede estar protegido por la Primera Enmienda. Si en cambio, actuó como empleado público, no se protege su expresión y se da por concluida la investigación.

La Corte nos lleva a un camino peligroso al obligar a los Estados a enredarse con la religión con todos nuestros derechos en juego, sostuvo el voto disidente.

Cuando una figura pública alegue que se le hizo una declaración difamatoria, deberá ser ella quien pruebe que se hizo con conocimiento de que era falso o con temeraria indiferencia de si era falso o no.

No vulnera la Primera Enmienda la determinación de una entidad católica de impedir que parejas del mismo sexo sean “padres de acogida”.