Si la Universidad decidió eliminar una de las instituciones a través de las cuales cumple sus fines, debió reubicar a los recurridos en otras labores de similares características, en especial teniendo en consideración que a los recurrentes le han sido renovada su contrata por más de cinco años a cada uno.
Cumplía jornada completa, registraba asistencia, por lo que sus funciones no pueden ser calificadas como labores accidentales. No nos encontramos frente a un contrato de honorarios – las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son- sino más bien ante un acto jurídico cuyas características son propias de los funcionarios a contrata.
Los dos años anteriores prestó otros servicios a honorarios. Mientras se encuentra pendiente el vínculo produce todos sus efectos, pero a su vencimiento, por el solo ministerio de la ley, se produce la extinción del empleo y los funcionarios que los sirven cesan de inmediato en sus funciones.
El recurrente alegó haber sido contratado en calidad de “experto”, lo que descartaba la calificación de exclusiva confianza, dado que debe ser interpretado su puesto como un cargo estrictamente técnico.
El requirente alegó que el precepto legal infringía el principio de confianza legitima, además de los derechos a la vivienda y a la integridad de los habitantes de la comuna.
No es ilegal la decisión de no renovar la contrata de una funcionaria pública que trabajó durante 7 meses, desde que no la ampara el principio de confianza legítima.
