A pesar de la gravedad de la interferencia en los derechos de la asociación demandante y la gravedad del objeto de la investigación –la infiltración de logias masónicas por grupos mafiosos–, la comisión parlamentaria no mencionó en su mandato de registro investigaciones, delitos, personas o elementos de prueba específicos. Por lo tanto, el registro y la incautación no estaban suficientemente justificados.