Resolvió que el Tribunal de Alzada, al soslayar su decisión, infringió su deber de pronunciamiento, en cuanto imperativo que garantiza la obtención de un dictamen sobre todas y cada una de las acciones y excepciones válidamente promovidas en un proceso.
El requirente estima que se limita de sobremanera la acción para impugnar el avalúo fiscal reduciendo las causales a ciertos casos de error de hecho.
El requirente alega que al restringirse los motivos en que puede fundarse el reclamo se vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en ejercicio de los derechos, entre otras garantías constitucionales.
El principio de inexcusabilidad de los tribunales de justicia obliga al sentenciador a resolver el conflicto, no pudiendo excusarse en la inexistencia de reglas en el procedimiento no contencioso que permitan solicitar la rectificación de inscripciones.
Excesiva dilación en la decisión de una solicitud de permanencia definitiva vulnera esos principios. La autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, actuar por propia iniciativa, hacerlos expeditos, remover todo obstáculo que afecte a su pronta y debida decisión.
El requirente alega que el hecho que se obligue al juez a fijar caución para levantar la orden de suspensión vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y el debido proceso.
