La requirente alega que los preceptos legales impugnados excluyen de toda intervención a la Corte Suprema para revisar las sentencias de las Cortes de Apelaciones que fallen los recursos de nulidad, lo que invalida el ejercicio de su superintendencia disciplinaria y correctiva.
El requirente estima que los preceptos impugnados atentan contra los principios constitucionales de legalidad y competencia, además de la garantía constitucional del debido proceso.
Pero rechazó inaplicabilidad de la CMF respecto de los artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la Ley N° 20.285.
El requirente alegó que los artículos 208 y 506 del Código del Trabajo al no establecer criterios o parámetros objetivos para la determinación del quantum de la multa, infringen los principios de proporcionalidad y legalidad.
Infringe el principio de competencia y afecta el derecho constitucional a un procedimiento e investigación justos y racionales.
El requirente alega que los preceptos cuestionados han permitido una decisión arbitraria que vulnera sus garantías constitucionales.
La impugnación no argumenta con precisión la manera en que el auto acordado cuestionado afecta el ejercicio de los derechos constitucionales que el requirente estima vulnerados.
El requerimiento adolece de falta de debido fundamento plausible para sortear el requisito que ha previsto el legislador orgánico constitucional, en su artículo 84 N°6, presentando un conflicto que, más bien, debe ser resuelto por la judicatura competente.
La requirente estima que los preceptos impugnados infringirían el principio de juridicidad, contenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política.
