El único argumento establecido por el ad quem para tomar la decisión de revocar la sentencia apelada, fue el relativo a la falta de comunicación al trabajador de la falta imputada, lo que, a decir del tribunal ad quem, vulneraría el derecho de defensa del demandante. Sin embargo, tal como lo ha notado el recurrente, no existe mayor pronunciamiento del fondo del proceso.

Un Estado miembro solo puede negarse a ejecutar tal orden por motivos que resulten del propio Acuerdo. En este contexto, cuando se dicta una resolución de entrega al Reino Unido de una persona con fundamento en el ACC, las autoridades judiciales de ejecución de los Estados miembros están obligadas a respetar los derechos fundamentales reconocidos por la Carta.

El hecho de que un tercero suscriba un contrato de Cesión de Derechos de Sepultura y/o Prestación de Servicios Funerarios con la demandante, no implica –per se– que dicha persona se encontrará facultada para disponer de los restos de la persona fallecida, en tanto que deberá contar previamente con la autorización de un familiar cercano, debiendo este suscribir una Declaración Jurada, la cual a su vez deberá ser presentada ante la empresa demandante.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe los principios de legalidad y de tipicidad, ya que, con ocasión de que el proceso penal fue iniciado por una querella hace más de siete años, el precepto impugnado obliga al Juez a considerar el delito de prevaricación conforme al artículo 233 número 2 del Código Penal, en circunstancias que dicho precepto está derogado.

El Estado vulneró la garantía de estabilidad o inamovilidad en el cargo y con ella, el derecho a acceder a un cargo público en condiciones generales de igualdad, protegido por el artículo 23.1.c) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio las víctimas.

La decisión tomada por Migraciones se encuentra plenamente justificada, puesto que existe un Informe del Servicio de Inteligencia del cual se desprende que ya se ha calificado al señor Morales como una persona peligrosa para la seguridad del Estado, y ese es el motivo principal de impedir su ingreso a nuestro territorio.

Queda claro entonces que las exigencias formuladas en este caso requieren de una previa intermediación legal y reglamentaria, las cuales, al no existir, no resultaban de aplicación al presente caso y no eran directamente exigibles a las entidades demandadas. Por lo tanto, respecto a las concesiones vigentes, la demanda deviene infundada.

No obstante tratarse de un procedimiento administrativo, en éste se encuentra plenamente vigente el principio de legalidad penal. No se puede aplicar retroactivamente una norma penal desfavorable para el sentenciado, toda vez que se le exige cumplir con requisitos inexistentes tanto a la fecha en que cometió el ilícito como a la fecha en que fue condenado por sentencia firme y ejecutoriada.

Imponer una pena mínima de cinco años de prisión para todos los casos de uso no consentido de una marca en el tráfico comercial no cumple con el imperativo de proporcionalidad. La normativa que la impone no tiene en cuenta las eventuales particularidades de las circunstancias en las que se cometieron dichas infracciones.

Este Tribunal no tiene atribuciones para declarar que el Código del Trabajo y el despido indirecto le es aplicable a los Funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal. La acción de inaplicabilidad es inidónea por cuanto los efectos supresivos de las sentencias estimatorias de inaplicabilidad impiden que este Tribunal regule positivamente una situación jurídica.