Los requirentes estiman que se amplía la conducta penada a situaciones no previstas por el legislador, vulnerando sus garantías constitucionales.
Infringe los principios de proporcionalidad y legalidad.
El requirente alega que la norma permite un uso discrecional de la facultad punitiva del Estado, vulnerando sus garantías constitucionales.
El municipio estima que aplicarle dicho precepto afecta su autonomía como ente municipal y desconoce la normativa especial en la materia.
El requirente estima que el núcleo de la conducta penada no se encuentra descrito en la ley, infringiendo los principios de legalidad y tipicidad.
No describe expresamente una conducta, tal como lo exige el artículo 19, N° 3, inciso noveno, de la Constitución.
El precepto impugnado no contiene parámetros objetivos que impidan la arbitrariedad del juzgador lo que contraviene abiertamente el texto constitucional, sostiene el requirente.
Vulneran el derecho a un procedimiento justo y racional, y el principio de tipicidad.
Satisface estándar constitucional que exige que tipos penales describan con suficiente precisión la conducta sancionada.
La Polar estima que la aplicación de la norma en este caso pugna con los derechos establecidos en la ley de quiebras y vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso.
