Satisface estándar constitucional que exige que tipos penales describan con suficiente precisión la conducta sancionada.
La Polar estima que la aplicación de la norma en este caso pugna con los derechos establecidos en la ley de quiebras y vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente estima que el precepto impugnado infringe los principios de legalidad y tipicidad, al reconducir el núcleo esencial de la conducta a una norma de rango infralegal.
El requirente estima que el precepto impugnado infringe los principios de legalidad y tipicidad, al reconducir el núcleo esencial de la conducta a una norma de rango infralegal.
El requirente, imputado en el proceso penal, alega que se vulnera el debido proceso y el principio de legalidad.
El municipio estima que aplicarle dicho precepto afecta su autonomía como ente municipal y desconoce la normativa especial aplicable en la materia.
El requirente, La Polar, estima que la aplicación de la norma en el caso concreto pugna con los derechos establecidos en la ley de quiebras, vulnerando sus garantías constitucionales.
La requirente estima que el artículo 318 del Código Penal no satisface los principios de legalidad y proporcionalidad, afectando sus garantías constitucionales.
La empresa requirente alega que la ley no describe la conducta infraccional, motivo de la multa, permitiendo la arbitrariedad del órgano administrativo.
No describe expresamente una conducta, tal como lo exige el artículo 19, N° 3, inciso noveno, de la Constitución.
