Concluida la gestión judicial, el gravamen constitucional que pudo haber existido en la aplicación de la norma cuestionada ha desaparecido y con ello el objeto mismo del proceso constitucional.
Quebranta los principios de legalidad, proporcionalidad y tipicidad.
El requirente estima que el precepto legal objetado vulnera su derecho de igualdad ante la ley, el derecho al recurso y defensa, y el principio de legalidad y supremacía constitucional.
Afecta diversas garantías penales: principio de legalidad, de culpabilidad y proporcionalidad.
El requirente estima que los preceptos legales objetados vulneran la igualdad ante la ley, el principio de irretroactividad, el principio de legalidad y la esencia del derecho de libertad condicional.
El requirente estima que la preceptiva legal objetada prescinde de todo criterio, tanto de la conducta ilícita tipificada, como de la consiguiente sanción aplicable.
El requirente sostiene que la norma impugnada conculca gravemente diversas garantías penales: principio de legalidad, de culpabilidad, prohibición de la prisión por deudas y proporcionalidad.
La requirente estima que el rango de multa “no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra”, vulnera los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad.
El precepto legal impugnado fue derogado en virtud de la Ley Nº 21.121, publicada en noviembre de 2018.
La sanción de la pena de inhabilitación especial será constitucional solo en la medida en que se determine su duración en función de la pena impuesta por un delito electoral.
