Mediante el Paquete de Movilidad, el legislador de la UE trató de encontrar un nuevo equilibrio entre los distintos intereses en juego, en particular, el interés de los conductores en mejorar sus condiciones sociales de trabajo y el interés de los empleadores en llevar a cabo sus actividades de transporte en condiciones comerciales justas.

El legislador nacional debe definir de manera suficientemente precisa los elementos que han de tenerse en cuenta, en particular, la naturaleza o las categorías de infracciones de que puede tratarse. El acceso debe supeditarse además a un control previo, efectuado por un órgano jurisdiccional o por una entidad administrativa independiente.

Según los demandantes, las prácticas de vigilancia antiterrorista y la conservación de datos personales llevadas a cabo por la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) son incompatibles con la Ley Básica de Alemania, particularmente con el derecho a la autodeterminación informativa.

La prohibición solo se aplica al asesoramiento jurídico que no tiene relación con un procedimiento judicial. El asesoramiento jurídico prestado a personas físicas, en particular, queda fuera del ámbito de aplicación de la prohibición. Por lo que respecta a las excepciones a la prohibición, no suponen en sí mismas injerencia alguna en la protección del secreto profesional del abogado.

Los tribunales solo centraron su evaluación en la naturaleza y la gravedad del delito, sin tener en cuenta que el demandante ya no representaba una amenaza para la seguridad pública. En particular, poco después de su condena, había encontrado un trabajo a tiempo completo que había conservado hasta su expulsión, y no cometió nuevos ilícitos.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el principio de proporcionalidad, al establecer sólo un valor mínimo y un valor máximo, sin graduación, para sancionar con multa las infracciones, puesto que carece de criterios y pautas objetivas que debiese considerar el tribunal al momento de determinar la multa, en concreto, que debe ser aplicada.

La Corte de Santiago razona que la controversia se centra en determinar si la conducta de la empresa encaja en el tipo administrativo señalado, si la gravedad del incumplimiento fue correctamente evaluada, y si al fijar el quantum de la multa se tuvo en cuenta todas las atenuantes y circunstancias que podrían modificar la responsabilidad administrativa según la normativa, y concluye que se afecta el principio de proporcionalidad.

La aparición de nuevas tecnologías ha demostrado que los empleadores hacen uso de nuevos sistemas de control de la actividad laboral de los trabajadores. Sin embargo, está facultad de control reconocida tanto a nivel doctrinario como en la legislación interna, como lógica consecuencia del poder de dirección, no es ilimitada, pues debe hacer observancia de la inviolabilidad de los derechos fundamentales.

El principio de proporcionalidad no exige repartir las ayudas entre todas las víctimas del acontecimiento de carácter excepcional de que se trate, en proporción a los perjuicios sufridos por estas. Por otra parte, las empresas no han demostrado que la ayuda controvertida constituyera, debido a que solo beneficiaba a AUA, un obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios.

Todos los elementos típicos de la infracción están presentes en la conducta del apelante, a saber, presentar en un procedimiento judicial correos electrónicos remitidos por el letrado de la parte contraria, sin su consentimiento y sin hacer constar expresamente la expresión «mandato representativo». Aparece acreditado que la aportación de los correos resultó trascendente para la resolución del proceso.