El requirente estima que la preceptiva legal objetada prescinde de todo criterio, tanto de la conducta ilícita tipificada, como de la consiguiente sanción aplicable.

El precepto legal impugnado vulnera gravemente la seguridad jurídica, el principio de proporcionalidad y el derecho de propiedad.

El requirente sostiene que la norma impugnada conculca gravemente diversas garantías penales: principio de legalidad, de culpabilidad, prohibición de la prisión por deudas y proporcionalidad.

Afecta los principios de proporcionalidad, lesividad y limites al ius puniendi.

La requirente estima que el rango de multa “no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra”, vulnera los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad.

La requirente alega que, en el caso concreto, las normas invocadas imponen una medida de exclusión desproporcionada.

La normativa impone un requisito que excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos por el mencionado Reglamento.

La decisión judicial que autoriza la grabación y escucha por un plazo de tres meses es proporcional, idónea y necesaria cuando existen indicios calificados de la comisión de un delito grave.

En virtud del principio de proporcionalidad, la norma cuestionada no logra satisfacer las garantías mínimas que permiten sancionar adecuadamente una conducta infraccional.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.