La Corte de Santiago razona que la controversia se centra en determinar si la conducta de la empresa encaja en el tipo administrativo señalado, si la gravedad del incumplimiento fue correctamente evaluada, y si al fijar el quantum de la multa se tuvo en cuenta todas las atenuantes y circunstancias que podrían modificar la responsabilidad administrativa según la normativa, y concluye que se afecta el principio de proporcionalidad.

La aparición de nuevas tecnologías ha demostrado que los empleadores hacen uso de nuevos sistemas de control de la actividad laboral de los trabajadores. Sin embargo, está facultad de control reconocida tanto a nivel doctrinario como en la legislación interna, como lógica consecuencia del poder de dirección, no es ilimitada, pues debe hacer observancia de la inviolabilidad de los derechos fundamentales.

El principio de proporcionalidad no exige repartir las ayudas entre todas las víctimas del acontecimiento de carácter excepcional de que se trate, en proporción a los perjuicios sufridos por estas. Por otra parte, las empresas no han demostrado que la ayuda controvertida constituyera, debido a que solo beneficiaba a AUA, un obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios.

Todos los elementos típicos de la infracción están presentes en la conducta del apelante, a saber, presentar en un procedimiento judicial correos electrónicos remitidos por el letrado de la parte contraria, sin su consentimiento y sin hacer constar expresamente la expresión «mandato representativo». Aparece acreditado que la aportación de los correos resultó trascendente para la resolución del proceso.

La injerencia en los derechos fundamentales causada por el acceso a extractos telefónicos puede calificarse de grave y confirma que solo puede concederse dicho acceso cuando se trate de los datos de personas sospechosas de estar implicadas en un delito grave. Corresponde a los Estados miembros definir los «delitos graves» a efectos de la aplicación de la Directiva en cuestión.

Dado que la frase impugnada conlleva una restricción del derecho a la libertad en contraposición con la prevención de la sola seguridad vial, es decir, en la que no han resultado afectados per se derechos como la vida, la integridad o la salud, etc. de otro individuo, esta Corte considera que no se cumple con el criterio de proporcionalidad.

Se impone la obligación de información individualizada, y por escrito, de la existencia y contenido del Código de Buenas Prácticas a los clientes que dejaban de cumplir el pago de las cuotas hipotecarias, manifestando sus dificultades para atender el pago, desde ese momento, así como de las posibilidades de acogerse al mismo.

Si la restricción contribuye a ejercer presión contra el Presidente ruso y su gobierno, no se puede decir lo mismo de las restricciones adoptadas contra individuos rusos que se limitan a pilotar aviones privados.

Ello implica una actitud tolerante por parte de la empresa, ya que el actor efectivamente se reincorporó el día 7 y cubrió todo el trabajo del fin de semana, no exento de molestias, necesitando la ayuda de sus compañeros. El » ok» y » estupendo» recibido por parte de la empresa, otorgó al trabajador la confianza suficiente en la justificación que había prestado, cumpliendo debidamente su palabra de reincorporase al día siguiente.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el principio de igualdad ante la ley y el de proporcionalidad, ya que, independientemente que el imputado pueda ser beneficiado con una pena sustitutiva no podrá acceder a dicho beneficio.