La ausencia de parámetros objetivos para que el juez rebaje el precio mínimo de la subasta contraviene la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, alega el requirente.
El requirente alega que se le castiga múltiples veces por el mismo hecho, resultando en una sanción desproporcionada que afecta su derecho de propiedad.
El requirente alega que al extenderse y beneficiarse a personas jurídicas cesionarias de créditos laborales con los reajustes e intereses aplicables a las de remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otra suma que los empleadores adeudaren a los trabajadores, se vulneran sus garantías constitucionales.
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
Requirente considera que las normas impugnadas representan una vulneración a las garantías de libertad personal y de trabajo.
La requirente alegó que se le aplica una sanción múltiple que tiene efectos desproporcionados y atentatorios a su derecho de propiedad, entre otras vulneraciones a garantías constitucionales.
Resulta inconducente pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la nulidad del despido, al haber sido desechada por el juez sin que haya sido impugnada la decisión. La preceptiva impugnada no recibió aplicación en la gestión pendiente ni recibirá aplicación futura, lo que permite descartar que se produzca el supuesto efecto inconstitucional denunciado.
Requirente alega que vulneran la garantía del debido proceso, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la presunción de inocencia, entre otras garantías constitucionales.
La requirente estima que la reducción “prudencial” del mínimo de la subasta resulta discriminatoria y desproporcionada.
La requirente estima que la facultad del acreedor de poder adjudicarse el bien embargado con una importante rebaja del valor de éste, afecta de manera desproporcionada y arbitraria su patrimonio.
