Normas que sancionan a empleadores que infrinjan derechos fundamentales de sus trabajadores impidiéndoles contratar con el Estado no producen resultados contrarios a la Constitución en la gestión pendiente, resuelve el Tribunal Constitucional.
El requerimiento de inaplicabilidad fue rechazado con empate de votos. El voto de la Presidenta no dirime el empate en estos casos.