Es posible que los magistrados del grado prefieran una prueba por sobre otra, pero para dotarlo de contenido, es necesario que los antecedentes que hacen descartar un supuesto deben ser al menos concordantes entre sí.

Como así tampoco, promueve fórmula alguna de plena prueba que suprima por completo cualquier otra versión de aquella por la que se condena, lo cual deriva de la protección de la persona y los derechos del imputado.

Los sentenciadores analizan las probanzas rendidas en el juicio y señalan el motivo por el que les provocan convicción para establecer tanto el ilícito como la participación del acusado en él.

De lo que se trata con este imperativo es posibilitar la inteligencia intersubjetiva de la decisión judicial a fin de garantizar -como dice Luigi Ferrajoli- «la naturaleza cognoscitiva y no potestativa del juicio».

La labor valorativa fue reservada al sentenciador a quo, quien presencia de manera inmediata la rendición de la prueba.

Se llegó a una conclusión que no se aviene con las probanzas que le fueron aportadas, dado que éstas no necesariamente conducían a la misma, por lo que la construcción silogística no resultó coherente en lo concerniente a este punto.

Las incertezas son evidentes y derivan, en buena medida, de la negligencia del Ministerio Público al sustentar su hipótesis en dicha prueba, pero, además, de una actuación del tribunal a quo que termina subsanando las debilidades probatorias de cargo, justificándolas e imponiendo un escrutinio más allá de lo justificado a otros antecedentes y pruebas allegadas al juicio, descartándolas.

Para configurar la receptación es indispensable mantener un poder sobre la cosa, debe existir un animus detinendi, (ánimo de tener, retener o conservar), que si bien es inferior al possidendi si exige una detentación y disponibilidad propias del corpus, excluyendo, en principio, situaciones de “tenencia fugaz”.

En el proceso pueden quedar algunas dudas, lo que es connatural a la imperfección humana y por eso es que en toda causa quedan, por lo general, los denominados “cabos sueltos”, sin embargo, ello no significa un obstáculo o cortapisa en la argumentación que los jueces de la instancia expusieron en el fallo impugnado, refiere el voto en contra.

Las alegaciones de la recurrente apuntan más bien a promover una distinta valoración probatoria de los elementos informativos incorporados a juicio, lo que se encuentra vedado a esta Corte.