Una vez que se cumpla lo ordenado, la Magistratura Constitucional deberá pronunciarse sobre el fondo de la impugnación y resolver si los decretos adolecen o no de los vicios de inconstitucionalidad denunciados.
Principio de razonabilidad
Normas que determinan el contenido de las sentencias definitivas y establecen el alcance del recurso de nulidad en procedimientos de tutela laboral, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.
Norma que restringe las causales del recurso de casación en la forma en procesos regidos por leyes especiales, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
Tribunal Constitucional rechazó inaplicabilidad de norma que permite condenar como consumado delito de robo con intimidación en grado de frustrado.
Norma que faculta a los fiscales judiciales a exponer en juicio las conclusiones que crean procedentes, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Las requirentes alegan que se vulnera su derecho a defensa.
Norma que permite condenar a adolescente por robo con intimidación en grado de frustrado con la pena de consumado, se impugna ante el Tribunal Constitucional en sede de inaplicabilidad.
El requirente alega que la agravación de la pena va en contra de los fines del sistema de responsabilidad penal adolescente, vulnerando sus garantías constitucionales.
Normas del Código Tributario que restringían recursos procesales al litigante tributario, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
La requirente estima que las normas impugnadas vulneran el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso.
TC declaró admisible inaplicabilidad de la Ley de Compras Públicas que permite sancionar a ASMAR por dos años sin contratar con el Estado
La empresa, Astilleros y Maestranzas de la Armada alega que la posible sanción carece de razón y es absolutamente desproporcionada.
Normas que impiden a empresa Astilleros y Maestranzas de la Armada contratar con el Estado por haber incurrido en prácticas antisindicales, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.
La normativa impugnada desvirtúa el deber del Estado de promover el bien común, afecta los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, el derecho a realizar actividades económicas, el debido proceso, la propiedad, y el contenido esencial de esas garantías.