Dado el desarrollo tecnológico de los últimos tiempos, es claro que existen diferentes opciones al alcance de las instituciones públicas para que cumplan sus fines constitucionales y legales.

Una vez fuera de la presidencia se convierte en un ciudadano común y corriente, sujeto a las mismas leyes y defensas que cualquier otro acusado en sede penal. Cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haber protegido a Trump durante su mandato ya no lo ampara contra procesos judiciales.

El ex clérigo extremista fue detenido en 2005 junto a otras 16 personas por planear varios atentados en un partido de rugby y contra un reactor nuclear. Fue condenado a 15 años de prisión por terrorismo; y en 2020 el gobierno australiano revocó su ciudadanía, con el fin de expulsarlo del país cuando cumpla su condena.

Debieron haberse implementado garantías procesales para asegurar que el mecanismo de suspensión no se utilizara arbitrariamente. A este respecto, es menester observar la importancia cada vez mayor que se atribuye a la equidad procesal en los casos de destitución de fiscales, incluida la intervención de una autoridad independiente de los poderes ejecutivo y legislativo en las decisiones que afectan al nombramiento y destitución de los fiscales.

Para que se configure un conflicto competencial se requiere de la concurrencia de dos elementos: uno subjetivo y otro objetivo. El primero está referido a que los sujetos involucrados en el conflicto deben contar con legitimidad para obrar. El segundo que la naturaleza del conflicto posea dimensión constitucional.

Sólo cuando no hay duda acerca de cuál es la norma que el legislador quiso expresar en el texto legal, puede el juez constitucional emitir una sentencia que declare su invalidez. Por tanto, la dignidad democrática de la ley se traduce en una primera consecuencia: la doctrina de la interpretación de la ley conforme a la Constitución.

El control de la emisión de una ley tanto en el procedimiento de su elaboración como en cuanto a su contenido, es posterior y no preventivo. Si el objeto de control son los actos parlamentarios conducentes a la expedición de una ley, entonces será, en principio, el proceso de inconstitucionalidad el que corresponda incoar, pero no un proceso de amparo que responde a una naturaleza y lógica distintas.

El legislador no ha explicado cómo el aumento del límite absoluto se restringe al monto requerido necesario para cubrir las necesidades financieras por cambio de circunstancias y mantener el financiamiento estatal de los partidos políticos limitado, necesario para asegurar el buen funcionamiento del sistema de partidos políticos.

La polémica reforma limita las facultades del Tribunal e incrementa los poderes del Ejecutivo y el Legislativo, confiriéndoles la posibilidad de dictar normas previamente derogadas en sede judicial. El anuncio del gobierno ha provocado multitudinarias protestas.

No cabe duda que la ley de origen parlamentario vulnera el principio de separación de poderes al usurpar la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo al legislar sobre la organización y administración de los órganos de la Administración Pública, dando lugar así a un defecto de inconstitucionalidad formal.