El control de la emisión de una ley tanto en el procedimiento de su elaboración como en cuanto a su contenido, es posterior y no preventivo. Si el objeto de control son los actos parlamentarios conducentes a la expedición de una ley, entonces será, en principio, el proceso de inconstitucionalidad el que corresponda incoar, pero no un proceso de amparo que responde a una naturaleza y lógica distintas.

El legislador no ha explicado cómo el aumento del límite absoluto se restringe al monto requerido necesario para cubrir las necesidades financieras por cambio de circunstancias y mantener el financiamiento estatal de los partidos políticos limitado, necesario para asegurar el buen funcionamiento del sistema de partidos políticos.

La polémica reforma limita las facultades del Tribunal e incrementa los poderes del Ejecutivo y el Legislativo, confiriéndoles la posibilidad de dictar normas previamente derogadas en sede judicial. El anuncio del gobierno ha provocado multitudinarias protestas.

No cabe duda que la ley de origen parlamentario vulnera el principio de separación de poderes al usurpar la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo al legislar sobre la organización y administración de los órganos de la Administración Pública, dando lugar así a un defecto de inconstitucionalidad formal.

En el recurso de protección no se describen hechos que puedan constituir una vulneración de garantías constitucionales protegibles por esa vía, por lo que se declara inadmisible.