La prisión preventiva impuesta es desproporcionada, ya que el imputado lleva más de un año privado de libertad por un delito cuya pena solicitada era de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, refiere el voto en contra.
Los elementos requieren una mayor indagación por parte de la instrucción, pero en principio no observo una desproporción, desde que el legislador nacional no requiere una equivalencia absoluta (máxime si se tiene en cuenta cómo fue el primer ataque y el extremo de que el cuchillo era portado en forma permanente por el acusado).
El amparado no hizo uso del recurso ordinario que la ley dispone para enmendar las resoluciones que le causan agravio a los intervinientes, como acontece con el recurso de apelación.
La circunstancia de mantener una reincidencia específica no es un antecedente nuevo, sino que ello estaba en conocimiento de los intervinientes desde el inicio del proceso.
El plazo de agendamiento de la audiencia de revisión de cautelares no es razonable ni prudente, atendida la naturaleza del bien jurídico reclamado por el imputado, afectándose incluso el derecho a la celeridad de un procedimiento justo y racional, por lo que en su parecer la audiencia para debatir sobre la materia debió fijarse en un plazo que no exceda las 48 horas, refiriere el voto en contra.
La moción busca reformar la Constitución para incluir indemnizaciones a personas privadas de libertad por aplicación ilegal de medidas cautelares, alineándose con estándares internacionales en derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia detenciones arbitrarias y condiciones de encarcelamiento violatorias de derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para el diputado desaforado Mauricio Ojeda Rebolledo, acusado de fraude al Fisco consumado y frustrado. La medida responde al peligro que representa su libertad para la sociedad, mientras se investigan presuntas irregularidades en convenios entre el Gobierno Regional y fundaciones.
El Juzgado de Garantía de Talagante decretó prisión preventiva para Manuel Enrique Zamorano Fernández, imputado por el delito de maltrato animal, tras agredir brutalmente a un perro, Tommy, en un incidente ocurrido el pasado 27 de diciembre.
Los nuevos antecedentes que han sido agregados a la carpeta investigativa, particularizados en esta audiencia por el Ministerio Público, corroboran la concurrencia de los requisitos de las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal respecto de los delitos por los cuales ha sido formalizada y reformalizada la imputada.
La notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o anomalía no genera, per se, violación de los derechos al debido proceso o a la tutela procesal efectiva, dado que para que ello ocurra resulta indispensable la constatación o acreditación indubitable, por parte de quien alega la violación del debido proceso, de que con la falta de una debida notificación se ha visto afectado de modo real y concreto el derecho de defensa.
