Concejales eligieron al alcalde suplente en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, tras la formalización y prisión preventiva del alcalde titular.

Es doctrina constitucional reiterada que la garantía de información y acceso a las actuaciones, constituye un derecho no susceptible de restricción temporal por la declaración de secreto sumarial, como sí pueden serlo otros aspectos del derecho de defensa. Lo es también que el acceso al núcleo esencial de las actuaciones constituye una exigencia constitucional de los incidentes relativos a la privación cautelar de libertad, en tanto que condición de la necesaria igualdad de armas.

La limitación del plazo máximo de duración de la medida de prisión preventiva encuentra su último fundamento en la seguridad jurídica de los ciudadanos, que con la previsión legal tienen la posibilidad de conocer hasta qué momento puede durar la restricción de su derecho fundamental a la libertad en virtud de la medida cautelar.

Existe una convivencia armónica del grupo familiar en el hogar de la imputada, tal como refirió ella, en cuyo contexto sus hijos “la ayudan realizando los repartos” de la comida que elabora, por lo cual no se vislumbra la imposibilidad planteada por la defensa para que éstos cumplan con la tarea de acompañamiento de la menor ni cabe predicar al respecto la aludida afectación de los derechos de la niña.

Permitir la acción, sería legitimar una tercera instancia, situación que no se encuentra permitida en nuestro Ordenamiento Jurídico Procesal, pues se trasgrediría el artículo 7 de la Constitución.

Los jueces de fondo estimaron que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, en atención a la gravedad del delito investigado y que, además, de los antecedentes aportados por la Fiscalía, se puede presumir la participación del profesional en la comisión de los hechos.

Se ampliaron las respectivas detenciones desde que no se incorporaron antecedentes que hayan permitido acreditar su identidad, tornándose indispensable para una adecuada formulación de cargos.

No existen razones sólidas que hagan plausible la hipótesis de que el ciudadano reclamado pueda ser objeto de actos de persecución y/o discriminación por motivos de raza, religión, sexo, nacionalidad, idioma, condición social y/o personal en su país, ni prever pruebas concretas de que su situación jurídica se verá agravada por alguno de estos elementos.

El profesional fue detenido por los servicios de seguridad mientras preparaba un reportaje sobre los mercenarios de Wagner. Si bien se le acusa de realizar espionaje sobre la industria de defensa, las autoridades se han negado a dar más detalles al respecto, por lo que muchos han cuestionado la legalidad de la detención. Arriesga una pena de 20 años de cárcel.

Resolución es del todo ilegal ya que impone una medida cautelar contemplada para las etapas procesales que el artículo 141 del Código Procesal Penal indica.