Las normas mexicanas contienen cláusulas, que, per se, resultan contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. El derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia, y a la igualdad y no discriminación.

La defensa del encartado a la fecha no ha impetrado el correspondiente recurso de apelación en contra de la resolución que decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

El tribunal decretó la prisión preventiva de Bryan Esteban Madariaga Rivera, imputado por el Ministerio Público como autor de tres delitos frustrados de homicidio de funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones; además de tenencia de arma prohibida y de municiones.

La modelo brasileña murió el 7 de julio de 2021 después de caer desde el piso 12 de su departamento en Las Condes.

La prisión preventiva es excepcional, sin embargo, en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, resulta necesaria, razonable y proporcional para garantizar los fines del proceso penal, tanto más, si concierne dilucidar injustos graves y subyace complejidad en la actividad probatoria.

La naturaleza de los ilícitos por los cuales se ha formalizado la investigación, en especial la calidad de civiles de las víctimas, conducen a establecer que debe aplicarse el régimen cautelar ordinario, previsto en el artículo 150 del Código Procesal Penal y no el excepcional que pretenden los recurrentes, refiere el voto en contra.

Fue imputado por una serie de delitos de corrupción, que habría cometido junto a funcionarios de gobierno y familiares cercanos a través de contratos de obra pública. El tribunal estimó la pertinencia de la medida debido a que “el caso reviste un alto nivel de complejidad”.

En el procedimiento simplificado la formalización no es exigida para solicitar medidas cautelares.

En la audiencia de revisión de la medida cautelar, el tribunal mantuvo privado de libertad a Pradenas Dürr, quien se encuentra recluido desde julio de 2020 en el Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.

El requirente alega que la restricción de su libertad personal resulta desproporcionada, afectando además su garantía a la libertad del trabajo.