El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando en audiencia de reformalización de la investigación, realizada el miércoles recién pasado.

El tribunal de alzada confirmó la resolución del 7º Juzgado de Garantía de Santiago que acogió la solicitud de la Defensoría Metropolitana Norte por estimar que existen condiciones inadecuadas en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel para la atención de embarazadas.

Las autoridades nacionales, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito.

En la audiencia de formalización, la magistrada ordenó el ingreso de Vásquez Villenas al módulo de alta seguridad del Complejo Penitenciario de Rancagua y de Inostroza Morales, al Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y evidente peligro de fuga. Además, fijó en 180 días el plazo de investigación.

Resolver que por la sola circunstancia de un fallo que aún no adquiere el carácter de firme se imponga el cumplimiento efectivo de una condena, constituya una variación de circunstancias que hagan procedente la prisión preventiva, implica un cumplimiento anticipado de la pena.

Las afecciones que presenta el imputado de momento han sido descartadas por el profesional que lo examinó de forma tal de excluir su capacidad para comprender el injusto y para afrontar el juicio. Lo expuesto, entonces, evidencia un accionar previsor, lógico y final en su comportamiento que, en principio, descarta que no haya comprendido o dirigido su acción.

El tribunal tiene la facultad incluso de oficio de decretar la cautelar más intensiva cuando considerare que el imputado pudiere incumplir con su obligación de presentarse a los actos de procedimiento de ejecución de la sentencia, situación que ocurrió, ya que el amparado no fue habido en el domicilio en donde debía permanecer y actualmente se mantiene prófugo.

La prisión preventiva sólo puede ser solicitada durante la investigación, en la audiencia de formalización, en la audiencia de preparación de juicio oral y en la audiencia de juicio oral, alega el recurrente.

La necesidad de cautela no se encuentra acreditada, transgrediéndose el principio de proporcionalidad, refiere el voto en contra.

El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional que buscaba el retorno del amparado al Centro Penitenciario de Nueva Imperial, tras establecer que se mantiene la necesidad de cautela y que no se vislumbrar que la resolución cuestionada haya vulnerado derechos fundamentales, como la libertad personal y seguridad individual del amparado, en los términos planteados por la defensa.