La prisión domiciliaria busca proteger no sólo a la mujer por su estado de gravidez y su mayor vulnerabilidad, que en este caso además estaría agravado por la privación de libertad, sino, también, al interés superior del niño por nacer, que evidentemente se encuentra afectado por la situación de su progenitora.

El máximo Tribunal estableció que la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que declaró inadmisible el recurso de la institución penitenciaria, se adoptó con falta o abuso grave.

La prisión preventiva es una figura jurídica constitucional y legalmente permitida, y a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no se la proscribe. No se está en contra de esta medida ni está bajo cuestionamiento su permanencia; lo que resulta indispensable es advertir que para que su imposición sea válida, constitucional y convencional, debe cumplir una serie de parámetros y estándares.

El amparado ya se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en causa seguida ante el mismo Juzgado de Garantía de Chillán, de forma tal que una segunda medida cautelar de dicha entidad, ahora a propósito de una causa diversa -del mismo tribunal-, no puede ser impuesta de forma anticipada.

Las personas que presentan algún tipo de discapacidad y están alojadas en la cárcel, se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad, que exige una garantía reforzada para asegurarles el ejercicio de sus derechos y protección de su dignidad en condiciones de igualdad.

Un funcionario de Carabineros recurrió de amparo por la decisión de alzada que confirmó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, por su presunta participación en el maltrato a un menor de edad al momento de ser detenido en una protesta en 2019.

Una vez que el tribunal de instancia decretó el arresto domiciliario nocturno, la Fiscalía apeló y contravino lo manifestado en la audiencia de formalización, alega el recurrente.

Lo que ocurre es que el amparado discrepa respecto de una resolución judicial debidamente motivada lo que debe discutirse en sede de otras herramientas procesales diversas a la de la presente acción cautelar.

El Ministerio Público tiene la facultad de formalizar la investigación tanto por hechos tipificados como delitos en el Código Penal como por hechos que configurarían delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando.