«Existe peligro de fuga ya que si quedase en libertad podría intentar sustraerse de la acción de la justicia y tal como expuso el Ministerio Público, incluso pueden existir problemas en cuanto altere o intente alterar la investigación o influir en ella, toda vez que existen dos promesas de compraventa falsificadas que fueron presentadas por él mismo para justificar algunas de las actuaciones mencionadas”, razonó la magistrada 

La magistrada tuvo presente que, en el caso de Espinosa Valenzuela se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos a su patrimonio personal. Por esas consideraciones, se estima que efectivamente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva resulta proporcional a la pena que arriesga.

En la audiencia de formalización, la magistrada ordenó el ingreso de Yustin Selpa, Batista Arellano, Portillo Barrios y Peñaloza Vargas  al Complejo Penitenciario de Acha, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga.

El magistrado consideró que las conductas imputadas a González Jure y Villalobos Krumm son de la máxima gravedad y atentan contra la fe pública, al haber sustraído o permitido que otros funcionarios públicos sustrajeran anualmente, bajo el periodo en que ejercieron la dirección general de Carabineros, respectivamente, fondos públicos destinados a las unidades de inteligencia y de investigación criminal y drogas.

El juez tuvo presente la gravedad de la pena asignada al delito, la gravedad de los hechos y la excesiva agresividad por parte del imputado en su actuar. Su conducta ha puesto en peligro la vida de otra persona, por lo que el tribunal considera que su libertad constituye un peligro para la sociedad y dispone la cautelar de prisión preventiva”.

Los militares obligaron a las víctimas a subir al camión castrense, ordenándoles a viva voz tenderse boca abajo, cargando con los pies los cuerpos de los jóvenes, a quienes trasladaron hasta un predio forestal, donde les ordenaron descender del camión y lanzarse al suelo. Posición en la cual los rociaron con un líquido, presumiblemente un acelerante, señalando uno de los soldados: “hay que quemarlos”.

En virtud del principio de “no contacto”, los pueblos en aislamiento tienen el derecho a no sufrir una asimilación cultural forzada.

El Tribunal consideró que las pruebas disponibles al momento en que se decretó la prisión preventiva no satisfacían el estándar de sospecha razonable de que el imputado había cometido un delito.

La iniciativa busca abrir el debate en cuanto al tiempo que resulta adecuado para que se produzca la referida revisión de oficio.

El TEDH consideró que la detención y prisión preventiva del demandante fueron ilegales y vulneraron las garantías procesales que protegían a los jueces del Tribunal Constitucional.