El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Carlos, el martes 25 de mayo recién pasado, que mantuvo al recurrente recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber de Santiago.
La Corte consideró la pena del crimen asignada al delito para mantener la medida cautelar.
La recurrente solicitó sustituir la medida por arresto domiciliario total, según indica el artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal.
El Tribunal señaló que «no existen antecedentes calificados que permitan sostener que la libertad del imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad».
La sentencia determinó declarar improcedente el requerimiento de inaplicabilidad, acorde con los antecedentes allegados al proceso con posterioridad a su admisibilidad y conforme con los previsto en el artículo 84, inciso primero, N°5, de la LOCTC, ya que ambas disposiciones ya han recibido íntegra aplicación en el proceso de que se trata, agotando sus efectos.
El máximo Tribunal consideró que yerran los jueces recurridos al no abonar el tiempo que permaneció el amparado privado de libertad en un proceso previo, a la condena que actualmente está purgando.
El Tribunal de alzada revocó la resolución dictada el pasado 11 de marzo por el Juzgado de Garantía de Rancagua, que dispuso dejar sin efecto la cautelar de prisión preventiva.
Los recurridos justificaron la situación que diferencia al amparado de los demás imputados en la causa respecto de quienes no existen antecedentes suficientes que justifiquen la prisión preventiva.
La recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y fundamentó adecuadamente a la resolución impugnada.
En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado ordenó el ingreso de Jara Jarpa, López Aguayo y Cisternas Larenas al Complejo Penitenciario de Valdivia, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
