«El hecho de que la medida propuesta sea temporal, fundamentada en una situación excepcional subyacente y, que responda a razones humanitarias y de salud pública, hace posible señalar que la idea legislativa parece lo suficientemente específica y proporcionada como para considerarse razonable», sostiene el informe.

El máximo Tribunal rechazó la solicitud, tras establecer que no existen antecedentes que permitan calificar de arbitrarias o injustificadamente erróneas las resoluciones que dispusieron y mantuvieron privado de libertad al peticionario.

El máximo Tribunal estableció que la magistrada de primera instancia actuó dentro de sus atribuciones al ordenar la prisión preventiva del imputado.