En la audiencia de formalización, el magistrado ordenó el ingreso en prisión en la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, de Acuña Bravo, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

Uno de los elementos principales que justifican la prohibición de la caución para criminales del crimen organizado es el riesgo inherente de que utilicen recursos provenientes de actividades delictivas para el pago de la fianza.

El plazo para deducir el recurso apelación, que constituye la vía ordinaria de impugnación, se encuentra pendiente, razón por la que no es procedente admitir a tramitación el presente arbitrio.

Ha sido posible para la defensa del amparado la formulación de diversas acciones compatibles con el ejercicio de la defensa jurídica del mismo, sin que surja un cuestionamiento evidente a las condiciones en virtud de las cuales se ha decretado la medida cautelar de prisión preventiva.

La moción tiene por objeto introducir modificaciones a los Códigos Penal y Procesal Penal para establecer un régimen de cumplimiento carcelario agravado respecto de quienes sean formalizados y dejados en prisión preventiva por delitos relativos a conductas terroristas, los contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, los relativos al tráfico de drogas, los señalados en la Ley de Control de Armas y por los delitos de asociación delictiva o criminal, sin perjuicio de otros en que la ley pueda disponer la aplicación de este régimen.

El Pleno concluye que, la propuesta legislativa en nada altera las atribuciones del tribunal, toda vez que la solicitud de prisión preventiva, independientemente de la naturaleza del delito o calidad de las víctimas, debe ser resuelta fundadamente, lo que implica dar a conocer las motivaciones del sentenciador para dar o no por acreditados los presupuestos de dicha cautelar.

El máximo Tribunal sostuvo que ambas resoluciones obedecen a estadios procesales y estándares de convicción diferentes, por lo que ambas decisiones contrapuestas pueden ser perfectamente válidas y jurídicamente correctas.

Con la formalización de la investigación, la Fiscalía (Ministerio Público) comunica al imputado que se le investiga como presunto autor, cómplice o encubridor de un delito. A partir de la formalización, el tribunal, a petición de la Fiscalía o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado en cualquier momento del proceso.

En la audiencia de formalización, el magistrado Juan Pablo Gómez Heredia ordenó el ingreso de Agusto Pérez al Centro de Detención Preventiva de Calama, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación. 

La decisión adoptada por el tribunal se ajustó al mérito de los antecedentes que tuvo a la vista, se encuentra suficientemente justificada y, además, estuvo acompañada de los apercibimientos pertinentes para asegurar la entrega de los antecedentes a la defensa.