La Sala del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa que establece criterios y principios en materia de prisión preventiva cuando se trata del uso de armas de fuego o la pertenencia a una organización criminal.
La Primera Sala del tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional impetrada, tras establecer que la resolución impugnada fue dictada por tribunal competente y en el ejercicio de sus competencias legales.
La acción indemnizatoria contemplada en la letra i) del Nº7 del artículo 19 de la Constitución, debe recaer sobre sentencias dictadas con abierta ilegalidad y arbitrariedad, y en contra de resoluciones cuyo resultado discrepa el acusado.
El edil de la Región del Biobío, Juan Carlos Reinao, habría cometido los ilícitos entre 2006 y 2020 en contra de cinco víctimas, dos de ellas menores de edad al momento de sufrir los delitos.
La Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, que dejó a Santander Faúndez privado de libertad.
Pudiendo recurrir de apelación contra la resolución, la defensa no lo ha hecho, siendo aquel debate el ámbito procesal en que estos sentenciadores estarían facultados para realizar una ponderación de las particulares circunstancias personales de cada uno de los amparados, como pretende la recurrente.
La Comisión de Constitución respaldó la iniciativa que busca precisar criterios como lo que se entenderá por peligro para la sociedad, considerando si es que se usaron armas para la comisión de un delito o si forma parte de una agrupación criminal.
La Corte debió señalar cuales fueron los antecedentes calificados que existían para modificar o variar los criterios previos que se tuvieron en consideración para decretar la prisión preventiva mutando la causal de peligro de fuga a peligro para la seguridad de la sociedad.
No se ha demostrado, con nuevos medios investigativos, que se han enervado los peligros de fuga y de obstaculización advertidos en el auto de prisión preventiva, que es el sustento de la cesación de esta medida. Es de insistir que el peligro de obstaculización está latente, desde que el teléfono en cuestión no se entregó inmediatamente y se ocultó a la autoridad fiscal cuando llevó a cabo el allanamiento, judicialmente autorizada.
Recaía en las autoridades la carga de la prueba de dar una explicación satisfactoria y convincente. Sin embargo, quedaron sin respuesta varias cuestiones importantes que las autoridades podrían y deberían haber abordado: si las acciones de los guardias penitenciarios y, en particular, el uso de gas pimienta sin previo aviso, fueron estrictamente necesarias, y si la operación había sido preparada adecuadamente y de conformidad con la normativa.
