La actividad penitenciaria tiene como finalidad primordial la custodia, asistencia y reinserción social de los condenados, garantizando el respeto a su dignidad y derechos fundamentales.
Para el presidente de la Corte de Apelaciones, “las personas que están privadas de libertad, están efectivamente, o por decisión de un juez de garantía, mientras se resuelve su situación, o están condenadas a esa pena de presa de libertad, pero no a otras penas, no están condenados a no poder hacer escrituras, a no poder firmar documentos, a no poder hacer lo que estimen conveniente con sus bienes, con su vida privada, en la medida que no sea contra la ley”.
La enmienda propuesta por consejeros y consejeras republicanas volvió a causar estragos en la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, causando la reacción del oficialismo ante la propuesta. Un debate que volvió a sacar el nombre de Miguel Krassnoff Martchenko, condenado por crímenes de lesa humanidad.
Aunque se trate de una conducta que podría encuadrarse dentro de la autonomía de la voluntad de los recurridos, no es menos cierto que dicho actuar atenta en contra de bienes jurídicos protegidos por nuestra Constitución Política y que deben ser resguardados por la Corte.
Gendarmería deberá instalar todos los objetos necesarios y hacer las reparaciones pertinentes para evitar que se lluevan las celdas de los módulos 112 y 115 y dotar a estas dependencias de las instalaciones sanitarias mínimas que sean compatibles con la dignidad humana, como baño, ducha y provisión de agua.
