El informe se basa en el marco normativo que regula la conducta de los jueces federales, el cual estipula que deben abstenerse de intervenir en casos en los que existan conflictos de interés. Asimismo, las disposiciones legales prohíben aceptar bienes o servicios de personas que puedan beneficiarse directa o indirectamente de las decisiones oficiales del funcionario.
El proyecto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior señala que, para asumir cargos como el de Presidente de la República, diputado o senador, entre otros, se deberá presentar una declaración jurada que acredite no encontrarse afecto a esta inhabilidad.
La propuesta se votará en particular el próximo martes 10 de septiembre.
El Ejecutivo refiere que existe un vacío para someter a la jurisdicción de los tribunales chilenos el juzgamiento del delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros por los que pudiera responder una persona jurídica constituida o domiciliada en Chile, cuando este haya sido cometido fuera del territorio.
El problema de la concentración de atribuciones de gobierno judicial en la Corte Suprema, y específicamente, la necesidad de reformar el sistema de nombramiento de jueces ha sido un tema recurrente en el debate político y académico debido a los potenciales, que han dado lugar a cuestionamientos a la independencia y probidad de la judicatura.
Modifica la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. El Estado no puede contratar con personas que cumpliendo los requisitos legales observen normas de conducta indeseables socialmente, pues esa decisión más que ilegal se toma en ilegítima.
El propósito de la reforma constitucional consiste en avanzar hacia una propuesta que mejore el sistema de nombramiento de magistrados, manteniendo el principio de “frenos y contrapesos” tan característico de nuestro sistema democrático, pero sosteniendo firmemente la idea de respetar la carrera judicial, la transparencia, la probidad y la formación técnico profesional de nuestros magistrados.
La moción tiene por objeto fomentar la transparencia, involucrar a la ciudadanía y permitir que esta tenga acceso a una información certera sobre el uso y destinación de los fondos obtenidos por la ley de Royalty minero.
La iniciativa busca establecer la inhabilitación absoluta para ejercer en cargos u oficios al interior de los órganos o empresas del Estado de quienes cometan delitos de malversación de caudales públicos y/o cohecho, así como también quienes cometan delitos de índole sexual.
La Contralora (S) impartió instrucciones sobre aspectos de la ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, incluidas reuniones que se verifiquen fuera de la jornada y en lugares privados.
La ley suspende al alcalde en el ejercicio de su cargo cuando ha sido acusado por delito que merezca pena aflictiva lo que constituye una consecuencia que el legislador ha podido incorporar, precisamente, en resguardo del régimen democrático y del principio de probidad, consecuencia que queda debidamente cautela con la intervención del Juez de Garantía que resuelve sobre el auto de apertura de juicio oral.
