La moción busca incorporar como criterios para la procedencia de la prisión preventiva la imputación de delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho.
Probidad administrativa
Ley que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, fue publicada en el Diario Oficial.
Ley que establece un estatuto de protección a favor del denunciante, fue publicada en el Diario Oficial.
Proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, será examinado por el Tribunal Constitucional.
Proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, fue remitido al Tribunal Constitucional.
El Presidente de la República comunicó que no hará uso de la facultad para formular observaciones.
Contraloría General de la República no puede proporcionar la identidad del denunciante anónimo porque ello afecta el debido cumplimiento de su función fiscalizadora.
La divulgación desincentiva el rol que le corresponde a todo ciudadano en la labor coadyuvante de dicha función. Los datos de los denunciantes anónimos se encuentra protegidos por la causal de reserva del artículo 21, N°1, de la Ley 20.285.
No resulta procedente que en ejercicio de sus funciones en materia de salud la Municipalidad de Santiago otorgue prestaciones que exceden de aquellas propias de la atención primaria.
Existe una política pública ministerial por lo que la entidad edilicia deberá adoptar las medidas que resulten pertinentes para que sus actuaciones se ajusten a derecho. No corresponde destinar recursos municipales en el desarrollo de labores ajenas a las que la ley le autoriza ejecutar.
Funcionarias del SAG se encuentran impedidas de postular al “Premio Guacolda” que otorga la Asociación de Exportadores de Frutas, dictamina el Contralor.
El premio no puede considerarse un donativo oficial o protocolar -excepciones permitidas por el legislador-, pues la ASOEX entrega una suma de $500.000, que es destinada al goce personal de la galardonada. Además, la premiación puede comprometer la debida imparcialidad de sus funciones administrativas.
TRICEL resolverá en definitiva solicitud de remoción Alcalde de San Rosendo.
El Tribunal Electoral Regional del Biobío le impuso la pena de censura por haber aprobado 22 tratos directos con una sociedad de la que es socio minoritario.
Abogado contratado por Corporación Municipal pero que paralelamente desempeña funciones en horario laboral en la Municipalidad, contraviene el principio de probidad administrativa, resuelve la CGR.
La Ley N° 18.575 permite que los servidores ejerzan libremente cualquier profesión u oficio, siempre que sea conciliable con su posición en la Administración del Estado y se desarrolle fuera de la jornada laboral para no perturbar el oportuno cumplimiento de su deber funcionario.
Diputados RN solicitan a la Contraloría iniciar sumario administrativo en contra del Alcalde Daniel Jadue por permitir el uso del Estadio Municipal de Recoleta en actividades organizadas por el Gobierno venezolano.
Consideran que existió un mal empleo de bienes municipales, que se justifica en la cercania del Edil con el Presidente Nicolás Maduro y no en el interés de los vecinos de su comuna.
Medida de destitución de Secretario Abogado del Juzgado de Policía Local de Malloa, sancionado por arrogarse la calidad de Juez Subrogante, se deja sin efecto por la Corte de Rancagua.
El Decreto Alcaldicio que aplicó la sanción de destitución del funcionario municipal no se encontraba suficientemente fundamentado, por lo que tal acto devino en arbitrario e ilegal, afectando el principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora y el derecho de igualdad ante la ley del actor.
Declaraciones públicas del Ministro Giorgio Jackson afectan su deber de prescindencia de cara al plebiscito de salida, afirma el Contralor General de la República.
A pesar de que SEGPRES ejerce funciones de carácter político, y en este sentido se vincula con distintos actores –partidos, Congreso Nacional, etc.-, la Contraloría no puede abstraerse del contexto político y eleccionario que vive el país, ni de los efectos que sobre el electorado pueden tener las acciones del gobierno, aun en el ejercicio formal de sus atribuciones.
No resulta procedente que presten servicios o asesorías a la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos, personas que se desempeñan en una ONG relacionada con la promoción de dichos asuntos, dictamina la CGR.
Existe el riesgo potencial de que prioricen los intereses particulares de la entidad privada en que trabajan, y que accedan a información privilegiada que puede ser utilizada en beneficio de esta última.