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La moción busca incorporar como criterios para la procedencia de la prisión preventiva la imputación de delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho.
La moción busca incorporar como criterios para la procedencia de la prisión preventiva la imputación de delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho.
El Presidente de la República comunicó que no hará uso de la facultad para formular observaciones.
La divulgación desincentiva el rol que le corresponde a todo ciudadano en la labor coadyuvante de dicha función. Los datos de los denunciantes anónimos se encuentra protegidos por la causal de reserva del artículo 21, N°1, de la Ley 20.285.
Existe una política pública ministerial por lo que la entidad edilicia deberá adoptar las medidas que resulten pertinentes para que sus actuaciones se ajusten a derecho. No corresponde destinar recursos municipales en el desarrollo de labores ajenas a las que la ley le autoriza ejecutar.
El premio no puede considerarse un donativo oficial o protocolar -excepciones permitidas por el legislador-, pues la ASOEX entrega una suma de $500.000, que es destinada al goce personal de la galardonada. Además, la premiación puede comprometer la debida imparcialidad de sus funciones administrativas.
El Tribunal Electoral Regional del Biobío le impuso la pena de censura por haber aprobado 22 tratos directos con una sociedad de la que es socio minoritario.
La Ley N° 18.575 permite que los servidores ejerzan libremente cualquier profesión u oficio, siempre que sea conciliable con su posición en la Administración del Estado y se desarrolle fuera de la jornada laboral para no perturbar el oportuno cumplimiento de su deber funcionario.
Consideran que existió un mal empleo de bienes municipales, que se justifica en la cercania del Edil con el Presidente Nicolás Maduro y no en el interés de los vecinos de su comuna.
El Decreto Alcaldicio que aplicó la sanción de destitución del funcionario municipal no se encontraba suficientemente fundamentado, por lo que tal acto devino en arbitrario e ilegal, afectando el principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora y el derecho de igualdad ante la ley del actor.
A pesar de que SEGPRES ejerce funciones de carácter político, y en este sentido se vincula con distintos actores –partidos, Congreso Nacional, etc.-, la Contraloría no puede abstraerse del contexto político y eleccionario que vive el país, ni de los efectos que sobre el electorado pueden tener las acciones del gobierno, aun en el ejercicio formal de sus atribuciones.
Existe el riesgo potencial de que prioricen los intereses particulares de la entidad privada en que trabajan, y que accedan a información privilegiada que puede ser utilizada en beneficio de esta última.