Consideran que existió un mal empleo de bienes municipales, que se justifica en la cercania del Edil con el Presidente Nicolás Maduro y no en el interés de los vecinos de su comuna.

El Decreto Alcaldicio que aplicó la sanción de destitución del funcionario municipal no se encontraba suficientemente fundamentado, por lo que tal acto devino en arbitrario e ilegal, afectando el principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora y el derecho de igualdad ante la ley del actor.

A pesar de que SEGPRES ejerce funciones de carácter político, y en este sentido se vincula con distintos actores –partidos, Congreso Nacional, etc.-, la Contraloría no puede abstraerse del contexto político y eleccionario que vive el país, ni de los efectos que sobre el electorado pueden tener las acciones del gobierno, aun en el ejercicio formal de sus atribuciones.

Existe el riesgo potencial de que prioricen los intereses particulares de la entidad privada en que trabajan, y que accedan a información privilegiada que puede ser utilizada en beneficio de esta última.

Con ello se afectan derechos adquiridos de la actora, incorporados a su patrimonio como correlato de la prestación de servicios, al tenor de la definición establecida por el artículo 5 letra d) y 93 y siguientes del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

La conducta desplegada por la recurrente formaba parte de una dinámica de trabajo, admitida por años, que no fue objeto de cuestionamiento por otros entes de control dentro del municipio, por lo que no corresponde responsabilizarla administrativamente por los lineamientos de las políticas de Estado sobre la materia.

Entre las anotaciones de demérito se considerarán el incumplimiento manifiesto de obligaciones funcionarias.

Por celebrar acuerdos y contratos inconsistentes y en directo perjuicio del patrimonio comunal, sin justificación económica y administrativa; por nombrar en un cargo directo a su conviviente e incurrido en irregularidades durante la elección de alcalde suplente.

Por hacer entrega de un acta de traspaso incompleta con el objeto de ocultar información sobre pérdidas y endeudamiento municipal injustificado; celebrar contratos con personas naturales relacionadas; omitir rendir cuenta pública en perjuicio del concejo municipal; entre otras irregularidades.

Por haber incurrido en contravenciones a la ley e irregularidades en la administración del municipio, particularmente en la gestión de licitaciones, cobro de rentas y patentes, en la supervigilancia de sumarios, en el control y rendición contable, con grave perjuicio al patrimonio municipal.