La moción tiene por objeto fomentar la transparencia, involucrar a la ciudadanía y permitir que esta tenga acceso a una información certera sobre el uso y destinación de los fondos obtenidos por la ley de Royalty minero.

La iniciativa busca establecer la inhabilitación absoluta para ejercer en cargos u oficios al interior de los órganos o empresas del Estado de quienes cometan delitos de malversación de caudales públicos y/o cohecho, así como también quienes cometan delitos de índole sexual.

La Contralora (S) impartió instrucciones sobre aspectos de la ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, incluidas reuniones que se verifiquen fuera de la jornada y en lugares privados.

La ley suspende al alcalde en el ejercicio de su cargo cuando ha sido acusado por delito que merezca pena aflictiva lo que constituye una consecuencia que el legislador ha podido incorporar, precisamente, en resguardo del régimen democrático y del principio de probidad, consecuencia que queda debidamente cautela con la intervención del Juez de Garantía que resuelve sobre el auto de apertura de juicio oral.

Por unanimidad, la Sala aprobó en general el texto que propone una serie de medidas que fomentan la transparencia y la rendición de cuentas de todas las instituciones que reciban aportes públicos.

Mediante el procedimiento sumarial se comprobó de manera fehaciente las infracciones del recurrente en el desarrollo de sus funciones, apreciándose una descripción de hechos probados susceptible de generar responsabilidad administrativa por infracción al principio de probidad administrativa.

En la misma sesión, las y los diputados votaron parte del articulado del proyecto que modifica la normativa para la determinación de la calidad de refugiado.

Fijará las remuneraciones del presidente de la República, de los miembros del senado y cámara de diputados y diputadas; de los gobernadores, funcionarios de exclusiva confianza, entre otras autoridades.

Corresponde al tribunal nacional comprobar si la concentración de facultades es capaz de conferir, en la práctica, a las personas que la ostentan, la capacidad para influir en la orientación de las decisiones de los jueces afectados y crear así una falta de independencia o una apariencia de parcialidad de estos que pudiera menoscabar la confianza que la Justicia debe inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática de Estado de Derecho.

La instancia fue creada con el objetivo de abordar cómo se vinculan las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado, profundizar la transparencia y fortalecer la agenda de probidad.