La iniciativa tiene por objeto proveer de un marco normativo que desincentive conductas contrarias a la probidad y proteja adecuadamente a quienes denuncias faltas ante posibles represalias.
La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, por lo que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de San Ignacio que desvinculó al funcionario por falta grave a la probidad.
Sin una limitación de tiempo, a diferencia de los condenados por prácticas antisindicales o infracciones a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, para que quede de manifiesto en nuestra legislación la gravedad de los actos de corrupción, de atentar contra los recursos fiscales y contribuir así a establecer sanciones ejemplares en ese sentido.
Lo anterior toma especial relevancia por los casos de transferencias de fondos por parte de distintos estamentos públicos a entidades privadas, de las cuales públicamente no hay certeza de su inscripción en el registro de prestadores privados.
Ya sea como socio, fundador, representante legal remunerado o ad honorem, aporte como capital humano, u otra participación a cualquier título, que tenga por fin satisfacer una necesidad pública.
A pesar de lo respetados que son los Bomberos de Chile a lo largo del territorio nacional, desafortunadamente, son varios los casos sobre hechos constitutivos de delitos relativos al uso y/o abuso de recursos con los que se desarrolla la labor de esta honrosa institución.
Todo trato o contratación directa, cualquiera fuese su cuantía, deberá acreditar su justificación, fundamentos y, en todos los casos, ser sometido al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, la que dispondrá de 10 días para emitir pronunciamiento.
El Presidente de la República comunicó que no hará uso de la facultad para formular observaciones.
No obstante, de producirse un conflicto de interés, se deberá dar cumplimiento al deber de abstención que alcanza a todos los servidores públicos y que abarca a quienes laboran en tales entidades y a sus autoridades, incluidos los alcaldes.
Durante su mandato como alcalde habría aprobado patentes comerciales a arrendatarios de locales de su propiedad.
