Personal que compone la Administración del Estado, está impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración, regla que se aplica a autoridades, jefaturas o funcionarios.
La función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva la obligación elevada a rango constitucional de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos del Estado ante la ciudadanía.
Deben observar las normas que consagran y resguardan el principio constitucional de la probidad administrativa.
Para permitir que el principio de probidad se haga realidad, la Ley adopta diversas medidas: establece inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos, describe conductas que “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa” y establece deberes positivos derivados de la probidad, como la necesidad de prestar ciertas declaraciones para acceder a cargos públicos.
Lista para ser promulgada como ley, quedó la propuesta que fue estudiada por los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado.
La instancia especializada avanzó en suprimir el concepto de denunciante; se insta a una protección general respecto de cualquier denuncia; se restituyó el medio electrónico para notificaciones; y se permite la cooperación eficaz como atenuante, siempre que conduzca al esclarecimiento.
Por emitir y visar permisos de circulación para placas patentes con multas vigentes o que no cumplen con los requisitos contemplados en el ordenamiento. Así como por emitir cheques a nombre de beneficiarios distintos a los estipulados en los comprobantes contables, entre otras irregularidades, todo ello en directo perjuicio del patrimonio municipal.
El Pleno emitirá pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las normas del proyecto que regulen una materia propia de ley orgánica constitucional.
La propuesta establece, entre otros puntos, que cada institución deberá elaborar e implementar un sistema de auditoría de las declaraciones de patrimonio e intereses.
Los senadores han realizado tres sesiones para conocer la opinión del Ejecutivo, de las pymes y mypes y analistas de las arcas fiscales. La intención es mejorar la recaudación y hacer que las pymes sean las protagonistas de los contratos.
