Denuncia que la decisión de la Comisión Técnica Asesora de Drogas Oncológicas de Alto Costo, dependiente del MINSAL, consistente en descartar la continuación de su tratamiento con la droga oncológica T-DM1, prescrita por su médico tratante, es arbitraria e ilegal, y vulnera su derecho a la vida e integridad física y psíquica.
En su libelo denuncia que, al mantener la exposición, el Estado incumple su obligación de garantizar la no repetición de crímenes de lesa humanidad, y que afecta tanto a las víctimas directas de los abusos como a la sociedad chilena en su conjunto.
La actora denuncia que la atención médica recibida por su madre fue inadecuada, y que los especialistas no tomaron las medidas necesarias para su tratamiento, poniendo en riesgo la vida de la paciente.
La Clinica expone que los padres de la recién nacida, aduciendo razones personales, rechazaron las inmunizaciones definidas por el Programa Nacional de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud de Chile, correspondientes a su período neonatal, esto es, el rechazo de la inoculación contra la BCG (Tuberculosis) y Hepatitis B.
El actor sostiene que a pesar del largo tiempo que lleva en espera, y de que el hospital ha realizado exitosas intervenciones tanto a nivel nacional como internacional, su cirugía nunca se ha llevado a cabo. Añade que la cirugía, conocida por sus beneficios en la mejora de la movilidad y la reducción de síntomas como la rigidez y los temblores, sigue siendo la única opción para mitigar el impacto de la enfermedad.
La actora solicita que se reconozca su derecho a acceder al tratamiento necesario para mejorar su calidad de vida y prolongar su esperanza de vida, que depende directamente de la disponibilidad del medicamento TRIKAFTA, y que por su elevado costo, cercano a los 250 millones de pesos anuales, lo hace inaccesible para la recurrente.
El club de rodeo recurrente sostiene que se vulneraron los artículos 77 y 80 del reglamento, que exigen convocar a audiencia para que los afectados presenten pruebas y descargos, lo que afectó sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho a un debido proceso, según los artículos 19 N°2 y N°3 de la Constitución.
Denunciaron que el decreto impugnado reduce las cuotas de manera arbitraria, afectando tanto a los pescadores industriales como artesanales, quienes ven perjudicados sus derechos sobre las licencias y las cuotas asignadas, sin el respaldo de un informe científico actualizado que justifique la modificación de las cuotas anuales de captura.
En su libelo, denuncia que la ejecución del procedimiento oftalmológico afectó la integridad física de la paciente, al no considerar su estado postoperatorio.
En su libelo denuncia la toma de su terreno y sostiene que la solución de los conflictos sociales no debe realizarse mediante acciones ilegales que afecten derechos de terceros.
La actora denuncia que el canal de televisión actuó de manera irresponsable y en contravención de la ley, transformando un asunto contractual en un espectáculo mediático que ha afectado profundamente su reputación y la de su familia.
