Denunciaron que el decreto impugnado reduce las cuotas de manera arbitraria, afectando tanto a los pescadores industriales como artesanales, quienes ven perjudicados sus derechos sobre las licencias y las cuotas asignadas, sin el respaldo de un informe científico actualizado que justifique la modificación de las cuotas anuales de captura.

En su libelo, denuncia que la ejecución del procedimiento oftalmológico afectó la integridad física de la paciente, al no considerar su estado postoperatorio.

En su libelo denuncia la toma de su terreno y sostiene que la solución de los conflictos sociales no debe realizarse mediante acciones ilegales que afecten derechos de terceros.

La actora denuncia que el canal de televisión actuó de manera irresponsable y en contravención de la ley, transformando un asunto contractual en un espectáculo mediático que ha afectado profundamente su reputación y la de su familia.

Sostiene que ha cumplido con todas las normativas correspondientes para ejercer su actividad de transporte de pasajeros, por lo que solicita que se deje sin efecto la medida.

La recurrente denuncia que la clínica infringió la Ley de Urgencias al no aplicar los protocolos correspondientes para el tratamiento de su madre, y que a pesar de la gravedad de la situación, exigió el pago de $3.200.000.- para la operación, vulnerando las garantías en materia de salud.

Los afectados señalan que, pese a sus reclamos ante el municipio y en policía local, el conflicto continúa afectando gravemente su calidad de vida y convivencia en el barrio, agravado por la sensación de inseguridad y falta de respuesta de las autoridades competentes.

El recurrente impugna la resolución que revocó una decisión previa y ordenó cancelar la inscripción conservatoria de un inmueble, argumentando que dicha resolución excede sus atribuciones y que carece de fundamentos adecuados.

Denuncian que la población Forestal Alto, una zona de alta vulnerabilidad social, enfrenta graves dificultades en el acceso al transporte público debido a recortes y suspensión de recorridos, lo que afecta especialmente a estudiantes, adultos mayores, personas con movilidad reducida y otros sectores vulnerables. Acción se declara inadmisible por vincularse más con la libertad ambulatoria y de movimiento que con asuntos propios de un recurso de protección.

Denuncia varias ilegalidades del Decreto Nº 24, señalando que no se respetaron las normas de participación ciudadana, que el acto administrativo carece de la debida fundamentación, lo que infringe la normativa sobre el procedimiento administrativo, y resulta en un trato desigual para los productores de alimentos, afectando su capacidad para operar en condiciones justas y competitivas.