La actora denuncia que el canal de televisión actuó de manera irresponsable y en contravención de la ley, transformando un asunto contractual en un espectáculo mediático que ha afectado profundamente su reputación y la de su familia.

Sostiene que ha cumplido con todas las normativas correspondientes para ejercer su actividad de transporte de pasajeros, por lo que solicita que se deje sin efecto la medida.

La recurrente denuncia que la clínica infringió la Ley de Urgencias al no aplicar los protocolos correspondientes para el tratamiento de su madre, y que a pesar de la gravedad de la situación, exigió el pago de $3.200.000.- para la operación, vulnerando las garantías en materia de salud.

Los afectados señalan que, pese a sus reclamos ante el municipio y en policía local, el conflicto continúa afectando gravemente su calidad de vida y convivencia en el barrio, agravado por la sensación de inseguridad y falta de respuesta de las autoridades competentes.

El recurrente impugna la resolución que revocó una decisión previa y ordenó cancelar la inscripción conservatoria de un inmueble, argumentando que dicha resolución excede sus atribuciones y que carece de fundamentos adecuados.

Denuncian que la población Forestal Alto, una zona de alta vulnerabilidad social, enfrenta graves dificultades en el acceso al transporte público debido a recortes y suspensión de recorridos, lo que afecta especialmente a estudiantes, adultos mayores, personas con movilidad reducida y otros sectores vulnerables. Acción se declara inadmisible por vincularse más con la libertad ambulatoria y de movimiento que con asuntos propios de un recurso de protección.

Denuncia varias ilegalidades del Decreto Nº 24, señalando que no se respetaron las normas de participación ciudadana, que el acto administrativo carece de la debida fundamentación, lo que infringe la normativa sobre el procedimiento administrativo, y resulta en un trato desigual para los productores de alimentos, afectando su capacidad para operar en condiciones justas y competitivas.

Denuncia que las decisiones de traslado adoptadas por la autoridad penitenciaria no ha considerado el delicado estado de salud del interno, vulnerando su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Denuncian que el Fiscal Nacional incumplió la Ley N° 20.730 al no registrar los asuntos que se trataron en una reunión con el abogado Luis Hermosilla Osorio y Andrés Chadwick Piñera. Argumentan que la respuesta a la denuncia, emitida por el Fiscal Nacional Subrogante, es ilegal y arbitraria, ya que la habría desestimado sin seguir el procedimiento establecido y sin competencia para resolver sobre el fondo.

En su libelo denuncia la afectación permanente a sus derechos fundamentales a la integridad física, a vivir en un ambiente libre de contaminación y a la propiedad, contemplados en el artículo 19 de la Constitución.