En su libelo el actor señala que la decisión del Registro Civil contraviene las normas relativas a la filiación, el estado civil y la sucesión intestada, recogidas en el Código Civil.

En su libelo denuncia que la suspensión de su cuenta afecta gravemente su derecho de propiedad, su integridad psíquica y su derecho al trabajo, ya que no puede acceder a información esencial para el ejercicio de su profesión como abogado.

En su libelo solicita que se implementen medidas para asegurar que el Cesfam cumpla con los protocolos de atención al público y recepción de reclamos.

En su libelo, denuncia que la recurrida no explica el origen de las deudas que compensó ilegal y arbitrariamente, y se niega a dar cumplimiento a una sentencia definitiva que ordenó remediar monetariamente las graves violaciones a los derechos humanos de que fue víctima.

En su libelo, la sociedad enfatiza que la ocupación ilegítima le priva de hacer uso del terreno y desarrollar los proyectos previstos, constituyendo una clara vulneración a su derecho de propiedad.

En su libelo, denunció que la actuación del recurrido constituye un acto de autotutela o justicia por la propia mano, al suspender el suministro de energía eléctrica sin tener la calidad de administrador legalmente designado por la comunidad y sin acudir a los tribunales de justicia.

Sostiene el actor que, habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos por EUNACOM, incluyendo la aprobación de los exámenes teóricos y prácticos necesarios para convalidar su título de «médico general» obtenido en el extranjero, la exigencia de un título de «médico cirujano» es arbitraria y contradictoria con la normativa vigente.

La actora denunció acoso y amenaza de parte de la oficina de cobranza de la clínica recurrida en circunstancias que se encuentra en tramitación un reclamo ante Fonasa por la Ley de Urgencia, tras la muerte de su madre.

En su libelo, el actor denuncia que la COMPIN no cumplió con los estándares mínimos del proceso administrativo y que no motivó adecuadamente su decisión. Y que renovar la sanción en forma indefinida constituye un ejercicio arbitrario de la autoridad, pues se basa en hechos insubsanables, al no contar con la documentación requerida.

Denunció que la decisión de descontar parte de su indemnización por desahucio carece de fundamento legal, no fue notificada adecuadamente y contraviene el debido proceso, generando una situación de desigualdad en comparación con otros beneficiarios que recibieron sus pagos completos.