El actor denuncia que el corte del suministro eléctrico sin un proceso judicial que respalde la acción lo que constituye un acto de autotutela, prohibido por el ordenamiento jurídico.

En su libelo, denunció que la recurrida no revisó adecuadamente los antecedentes del vehículo, negando su transferencia pese a que los gravámenes existentes fueron debidamente alzados y notificados en el Registro Civil, lo que se corrobora con el Certificado de Anotaciones Vigentes, donde no constan restricciones a la fecha de la compraventa ni posteriormente.

En su libelo el actor denunció el actuar arbitrario e ilegal del SAG, y que vulnera su derecho de propiedad, ya que, para certificar el proyecto de subdivisión de su predio rústico, pretende imponer requisitos no previstos por el legislador, careciendo de razonabilidad y fundamentación.

En su libelo la actora denuncia la falta de atención médica oportuna y la omisión de información crucial sobre el estado de salud de su cónyuge, vulnerando el derecho a un trato digno y al acceso a información veraz y comprensible, garantizados en la Ley Nº 20.584.

La recurrente denunció que fue víctima de una mala gestión administrativa que conllevó a su eliminación académica, lo que considera una decisión injusta y perjudicial para su futuro profesional.

En su libelo, denunció que su remoción se basó en la doctrina de la “exclusiva confianza”, sin respaldo legal para el cargo que ostentaba, contraviniendo la jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que dicha calidad solo puede ser conferida por ley.

En su libelo, denunció que la formulación del segundo cargo se llevó a cabo varios meses después del inicio del sumario, cuando el término probatorio ya había concluido, impidiéndole realizar descargos al respecto. Alega vulnerado su derecho al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a su legítima defensa.

El residente denunció que las recurridas han permitido estas obras sin considerar las afectaciones directas a su derecho de propiedad.

En su libelo la actora denunció que el actuar de la recurrida infringió el principio de legalidad y el deber del arrendador de asegurar el goce pacífico del inmueble, contemplado en el Código Civil.

En su libelo señalan que los derechos fundamentales de los residentes, como el derecho a la integridad psíquica y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se ven afectados por esta situación, requiriendo en forma urgente una solución efectiva.