El residente denunció que las recurridas han permitido estas obras sin considerar las afectaciones directas a su derecho de propiedad.
En su libelo la actora denunció que el actuar de la recurrida infringió el principio de legalidad y el deber del arrendador de asegurar el goce pacífico del inmueble, contemplado en el Código Civil.
En su libelo señalan que los derechos fundamentales de los residentes, como el derecho a la integridad psíquica y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se ven afectados por esta situación, requiriendo en forma urgente una solución efectiva.
En su libelo piden que se ordene al municipio abstenerse de realizar acciones que perturben la tranquilidad de las familias, argumentando que cualquier desalojo debe llevarse a cabo de acuerdo con la ley, mediante orden judicial y con la intervención de la fuerza pública, y no a través de funcionarios municipales actuando de manera arbitraria.
En su libelo alega que la recurrida procedió a cortar el suministro de agua sin aviso previo ni fundamento legal, vulnerando sus garantías constitucionales.
En su libelo denuncian que la actuación de la recurrida vulnera el derecho a la negociación colectiva, la libertad de trabajo, la integridad física y psíquica de los trabajadores propios y de terceros no involucrados en la huelga legal del proceso de negociación colectiva vigente de la empresa recurrente.
En su libelo denuncia que la actuación de la sociedad concesionaria constituye una afectación al derecho a la igualdad y al derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.
El recurrente señala que se vio involucrado en un proceso judicial a raíz de un trágico incidente en el marco del estallido social de 2019 y admite la gravedad de los hechos y reconoce el dolor de las víctimas, pero argumenta que esto no justifica la negación de la dictación del Decreto de inutilidad y su posterior tramitación ante la Contraloría General de la República, dado que este procedimiento es un derecho, independientemente del resultado de la causa en su contra.
El máximo Tribunal resolvió que en el libelo se mencionan hechos que pueden constituir vulneraciones a las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución, lo que justifica la tramitación del recurso de protección.
El recurrente denunció que no fue notificado previamente sobre el descuento de su salario y que no recibió información sobre la fuente ni los cálculos que justifican el monto retenido.
