El plazo de agendamiento de la audiencia de revisión de cautelares no es razonable ni prudente, atendida la naturaleza del bien jurídico reclamado por el imputado, afectándose incluso el derecho a la celeridad de un procedimiento justo y racional, por lo que en su parecer la audiencia para debatir sobre la materia debió fijarse en un plazo que no exceda las 48 horas, refiriere el voto en contra.
La omisión de Gendarmería al no garantizar el traslado o conexión remota del imputado por encontrarse en paro generó una dilación injustificada, afectando la libertad individual y el debido proceso.
Resolvió que la consignación de dinero efectuada por el demandado en el marco de un procedimiento abreviado para efectos de configurar la atenuante del artículo 11 N°7 del Código Penal, implica un reconocimiento de deuda, que interrumpe la prescripción e implica una renuncia tácita a ella, conforme al artículo 2518 del Código Civil.
Resulta necesario contar con el antecedente pedido por el juez sobre todo para cumplir con el mandato del artículo 20 de la Ley 20.084 en relación a finalidad y naturaleza de la sanción de manera que esta resulte idónea para la reinserción social de las adolescentes y para cumplir con los objetivos que persigue esta regulación especial, refiere el voto en contra.
No basta que concurran los demás requisitos legales y que este procedimiento sea solicitado únicamente por el Ministerio Público, sino que se requiere que al menos sea acordado con la defensa del propio imputado, quien actuará conforme a los mejores intereses de su representado y a su propia estrategia de defensa.
La resolución dictada por la Juez de Garantía no invade las facultades del Ministerio Público para acordar junto al imputado y su defensa la tramitación del proceso de conformidad a las reglas del procedimiento abreviado, limitándose únicamente a constatar los presupuestos legales que lo hacen procedente.
Las sentencias dictadas en procedimiento simplificado con admisión de responsabilidad y las sentencias de procedimiento abreviado se dictan en forma verbal, a diferencia de las sentencias de juicio simplificado efectivo y las dictadas por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que se dictan por escrito, informó el recurrido.
El legislador en pos de una política criminal acorde con un estado democrático, introdujo al artículo 8° un nuevo requisito tratándose de los condenados por delitos contra la propiedad, en especial al condenado por receptación, para que así éstos tengan sanciones ejemplares de cumplimiento efectivo de la pena, y lograr disminuir la reincidencia al agregar un nuevo requisito para acceder a la pena sustitutiva.
El juez a quo envió la causa al Tribunal de Juicio Oran en lo Penal antes de que haya transcurrido el plazo para interponer el recurso de apelación contra del auto de apertura.
El juez de garantía despachó una orden de detención respecto del amparado en un caso no previsto por el legislador.
El tribunal recurrido invade las atribuciones propias del Ministerio Público, al exigirle que mantenga la intención punitiva bajo el criterio de ese tribunal, sin fundamentar de forma normativa, doctrinal ni jurisprudencial el motivo de esta decisión, razona el voto en contra.
