Consideró que el recurso de protección no es procedente, ya que el procedimiento administrativo no ha finalizado, y la resolución impugnada está pendiente de control por parte de la CGR mediante la Toma de Razón. En consecuencia, al no existir un acto definitivo, no corresponde modificar lo resuelto ni intervenir en el procedimiento administrativo en curso.
No existe inconveniente en usar la vía electrónica para que los recursos presentados puedan ingresarse fuera del correspondiente horario de atención de público, en la plataforma contemplada al efecto.
No es posible entender aquí ninguna ilegalidad o arbitrariedad que tenga el mérito de vulnerar el derecho de propiedad del recurrente, en tanto que, dependiendo del resultado final del sumario, las remuneraciones le podrán ser restituidas, pero siempre que ello sea procedente.
Si bien la municipalidad se encuentra facultada para gestionar el personal de su dependencia, debe igualmente motivar sus actuaciones en los términos que la nutrida jurisprudencia de la Contraloría General y diversas sentencias de la Corte Suprema han establecido.
No obstante, aún cuando la legislación actual es clara, existe una problemática que se ha mantenido y que se materializa en las dificultades que otros órganos públicos y/o privados colocan a los extranjeros durante la espera de pronunciamiento de la permanencia definitiva, cuestión que legitima pasivamente a dichas entidades para ser objeto de esta acción constitucional.
La reclamada ha efectuado una calificación jurídica improcedente de los hechos, al sostener que hay incumplimiento del colegio por no haber concurrido la totalidad del personal a una capacitación sobre convivencia escolar.
Corte de Santiago no acogió a tramitación el reclamo argumentando que fue presentado fuera de plazo, al considerar el plazo de 30 días como plazo judicial, y no de naturaleza administrativa, como finalmente concluyó el máximo Tribunal.
El artículo 55 letras Ñ y O de la Ley General de Pesca establece un procedimiento administrativo ante el Servicio, por lo que no corresponde la intervención de la jurisdicción civil en los hechos denunciados.
La autoridad puede escuchar cualquier reclamo presentado ante ella, incluso posibles violaciones a la ley federal. Y si adjudica incorrectamente los permisos, el demandante agraviado tiene la oportunidad de apelar directamente ante un tribunal federal de apelaciones. Si las Adoratrices hubieran participado en el proceso administrativo, la autoridad podría haber denegado o modificado las condiciones del certificado de autorización conferido a la empresa.
El artículo 55 letras Ñ y O establece el procedimiento administrativo para los pescadores artesanales que extraigan especies en exceso a la cuota anual permitida, el cual debe preferirse por aplicación del principio de especialidad.
La colaboración del reclamante al reconocer parte de los hechos, sumado a su irreprochable conducta anterior –no cuenta con infracciones previas- son motivos suficientes para considerar que las multas impuestas y la cancelación del convenio son medidas desproporcionadas.
