Lo que se pretende a través del presente arbitrio, es un pronunciamiento sobre el mejor derecho que cada una de las partes invoca respecto de sus intereses, cuestión que escapa de los límites de una acción constitucional meramente cautelar de derechos indubitados, siendo necesario, en consecuencia, ventilar el asunto en las instancias contenciosas que correspondan.
Entorpece el giro comercial de una constructora que además se encuentra en un proceso de reorganización judicial, lo cual hace imperioso la venta de sus activos para satisfacer los créditos de sus acreedores.
Liquidadores y veedores no son necesariamente abogados, por lo que muchas normas de comparecencia no les son aplicables.
El actuar negligente del liquidador y de la Superintendencia, perjudica al recurrente al limitar sus posibilidades de obtener créditos, adquirir bienes, realizar inversiones, entre otras.
Adolece de falta de fundamento plausible.
El requirente, liquidador en el procedimiento concursal, estima que tal distinción es arbitraria y contraria a la garantía de igualdad ante la ley.
El requirente estima que la excepcionalidad del recurso de apelación en materia concursal hace ilusoria la posibilidad de ejercer sus derechos.
Su aplicación infringe las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El proyecto en su redacción actual mantiene similitudes con la versión informada por la Corte Suprema, aunque también se observan diferencias.
El cobro denunciado no se contrapone a la rehabilitación financiera consagrada en la Ley 20.720, por lo que no ha lesionado ninguna garantía constitucional.
Al atribuir a la actora una obligación que debió tratarse como extinta, perjudicó sus posibilidades de acceso al crédito, lo que resulta suficiente para estimar vulnerado su derecho de propiedad.
