Se requiere un vínculo directo entre la deuda o responsabilidad y la conducta fraudulenta y es solo el valor de la propiedad o los servicios obtenidos como resultado de esa conducta lo que no se libera mediante una orden de liberación. La deuda representada por las sanciones administrativas de la Comisión no resultó directamente de la tergiversación fraudulenta de los quebrados, sino que surgió indirectamente como resultado de la decisión de la autoridad.